“El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) y la SEP gastaron cerca de mil millones de pesos para evaluar a alumnos
y maestros, pero los resultados no se utilizan para mejorar la calidad de la
educación” … Auditoría Superior de
la Federación.
Uno de los argumentos que de manera permanente se han esgrimido sobre la
necesidad de la evaluación como punto de soporte de la Reforma Educativa, tiene
que ver con la necesidad de conocer cuáles son las áreas de mejora para poder
emprender en consecuencia acciones que permitan generar acciones del Estado
Mexicano para su solución.
Más allá de este bonito juego de palabras, en diversas instancias se ha
comentado sobre las inconsistencias que se presentan –y demuestran– que la
demagogia es la principal razón y la pretensión electoral de 2018 el principal
motivo que mueve las acciones de quienes determinan el rumbo educativo en
nuestro país, porque se está gastando 5 veces más en la evaluación que en la
formación inicial de nuestras Escuelas Normales, con cursos en línea y sin
sentido que no utilizan los resultados de la evaluación.
Todavía durante la comparecencia en el marco del análisis del IV Informe
de Gobierno Federal, el Secretario de Educación Pública Aurelio Nuño Mayer
afirmó que “la evaluación docente permite saber qué hacen los maestros y dónde
están las áreas de mejora, para crear programas de formación continua”, sin
embargo, sus palabras contrastan con los resultados dados a conocer por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados el pasado 8
de febrero de 2017.
Así, en la página 16 del informe de la Cuenta Pública de 2015 se
establece que se ejercieron 956,064.8 miles de pesos para las evaluaciones de
la calidad de la educación básica, el 36.8% (352,151.3 miles de pesos)
correspondió a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el 63.2%
(603,913.5 miles de pesos), al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación, sin embargo, a pesar de dichos recursos empleados, los resultados
de las evaluaciones no se usaron para la toma de decisiones de las autoridades
educativas que incidan en la mejora del aprendizaje de los alumnos de educación
básica.
Cuando se toman decisiones en cualquiera de los ámbitos del servicio
público que no se encuentran sustentadas en información pertinente y suficiente
que la soporte, se puede caer en la discrecionalidad en la toma de decisiones
que de acuerdo a la definición de la propia ASF en la página 57 del Informe
General de la Cuenta Pública 2015, “Este riesgo engloba, principalmente,
aquellas circunstancias que pudieran facilitar que las determinaciones de los
servidores públicos no se realicen en un entorno de transparencia y control
suficientes”, con la posibilidad de “anteponer su interés individual”, de la
“Comisión de errores derivada de dificultades en la interpretación de la
normativa existente”, o “Toma de decisiones sin planeación u objetivos
claros”, en cuyo caso cualquiera de los supuestos representa un grave problema
para la educación del país.
La evaluación en sí misma no es mala, representa una gran oportunidad
para encontrar las vetas de mejora del Sistema educativo, pero no cuando el se
usa como pretexto para la denostación de un gremio que a lo largo de la
historia del Sistema Educativo Nacional siempre ha estado a favor de las
grandes causas de nuestro país…
Por: Manuel Navarro Weckmann
Fuente: http://www.educacionfutura.org/evaluar-para-que/