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El informe PISA,
denominado así por sus siglas en inglés (Programme for International Student
Assessment) consiste en la valoración y comparación internacional del
alumnado de 15 años mediante la realización de exámenes en las áreas de
Lectura, Matemáticas y Ciencias. Esta prueba es realizada por la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con la intención,
afirman, de “proporcionar a los gobiernos datos relevantes y fiables que les
permitan tomar decisiones en materia de política educativa”.
El impacto que ha adquirido este informe tiene que ver con el giro
económico neoliberal que se está produciendo en la concepción de la educación a
nivel mundial.
Como denuncian intelectuales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), PISA es un
inmenso dispositivo de control que aspira a imponer una perspectiva educativa
que nos aleja del reconocimiento de la educación como un derecho y nos aproxima
a su interpretación como un bien de consumo. Una concepción de la educación
entendida como una ventaja competitiva, en la que cada individuo invierte de
cara a su inserción más exitosa en el futuro laboral.
Esta filosofía neoliberal ha irrumpido con fuerza en el escenario del
sistema educativo desde finales de los años 80. Proporcionar al mercado
trabajadoras y trabajadores adaptados a las exigencias de la producción
moderna, se ha convertido, con mucho, en la tarea primordial y la más
importante de las funciones atribuidas a la enseñanza, en este “giro
neoliberal”. De aquí que el modelo de evaluación adoptado con PISA
trata de comprobar la adecuación de los futuros trabajadores y trabajadoras a
las exigencias del mercado.
Las inversiones en el sistema educativo comienzan a ser pensadas de
acuerdo con las exigencias del mercado y su rentabilidad debe ser evaluada
conforme a ello. La persona trabajadora “flexible” y “polivalente” constituye
así la referencia del nuevo ideal pedagógico. El papel público de la educación
como campo de entrenamiento para la democracia y para la ciudadanía democrática
se ha pasado a considerar como un despilfarro del gasto público, siendo reemplazado
por el punto de vista que la empresa privada tiene de la función de la
enseñanza: un campo de entrenamiento para atender las necesidades de
las empresas.
Se emprende así una nueva cruzada de reconceptualización del discurso
sobre las prioridades de la educación y una nueva retórica sobre los nuevos
“desafíos” de nuestra época y los escenarios futuros, siempre con la finalidad
de ajustar la educación a las demandas del mercado laboral. Como si los seres
humanos se pensaran y definieran únicamente como trabajadores y trabajadoras de
la maquinaria laboral. De esta forma se está produciendo una auténtica
mutación en la naturaleza y fines de la educación que, de formar
ciudadanos y ciudadanas provistos de valores, saberes y capacidades, pasa a
subordinarse completamente a la producción de “recursos humanos” para el
sistema productivo.
A partir de la década de 1970, se trata de pensar el sistema educativo
en términos de salidas profesionales y evaluarlo en función de ello. La
problemática de la inserción laboral prevalece sobre la aspiración a la
integración social y política de los futuros ciudadanos y ciudadanas. La
profesionalización ya no es una finalidad entre otras del tramo final de la
escolarización, sino que tiende a convertirse en la principal línea directriz de
todas las reformas y las políticas de evaluación educativa.
En este modelo neoliberal, la función social asignada a la educación se
centra en su apoyo al crecimiento económico, su aportación a la competitividad
empresarial de las industrias, la formación para el trabajo y la capacitación
para el desarrollo tecnológico. Estas funciones económicas priman sobre
la función de socializar para participar activamente en una ciudadanía
consciente y comprometida, transmitir la cultura y desarrollar la personalidad.
Por eso no es de extrañar que estas
pruebas estandarizadas se lleven a cabo por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional creado para “maximizar
el crecimiento económico” de los países que lo integran.
La OCDE es un organismo económico, con un sesgo muy caracterizado a
favor del papel económico de las escuelas. Es a esta institución, con una clara
orientación economicista, a la que nuestros representantes políticos han
decidido encomendar ser el árbitro global de los medios y fines de la
educación y determinar lo que los estudiantes deben saber y las
escuelas enseñar, asumiendo el poder de configurar la política educativa, sin
debate acerca de la necesidad o de las limitaciones de las metas de esta
institución económica.
El informe PISA se centra así fundamentalmente en cambiar las escuelas
para “mejorar la competitividad económica”. Tal como también aparece en la
actual ley educativa, la LOMCE: el crecimiento económico. Este sesgo hacia
el papel económico de la educación, olvida que hay muchos otros
aspectos importantes de la educación: el desarrollo artístico, la reflexión
crítica, la educación emocional, la participación cívica, la convivencia, etc.
Estos aspectos no se tienen en cuenta en PISA, que premia un modelo de
estudiante moldeado para el mercado laboral, olvidándose de los verdaderos
retos del siglo XXI.
Es decir, con esta orientación economicista y mercantil que marca la
OCDE, el informe PISA no centra la evaluación en objetivos educativos realmente
importantes pero que son menos susceptibles o imposibles de ser medidos, pues
tiene que cuantificar, reduciendo de esta forma la imaginación colectiva en
torno a lo que es o debería ser la educación.
PISA, desde este enfoque cuantitativo económico, es incapaz de valorar
lo que plantea Berliner (2003) como objetivo fundamental de la educación: “Deberíamos
ser el número uno en el mundo en porcentaje de jóvenes de 18 años que están
política y socialmente implicados. Mucho más importante que nuestras
puntuaciones en matemáticas y nuestras puntuaciones en ciencia es la
implicación de la generación siguiente en el mantenimiento de una democracia
real y en la construcción de una sociedad más justa para los que más la
necesitan: los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los parados, los
desposeídos, los analfabetos, los hambrientos y los desamparados. Se deberían
identificar las escuelas que no pueden producir ciudadanía políticamente activa
y socialmente útil y divulgar sus tasas de fracaso en los periódicos”.
Por: Enrique Diez Gutierrez
Fuente
http://www.aikaeducacion.com/opinion/desmontando-pisa-1-giro-neoliberal-la-concepcion-la-educacion/
