Sintetizando las principales ideas o propuestas para definir mejor una
evaluación que aporte en dotar a nuestros sistemas y escuelas de una educación
justa y para la
Justicia Social. La propia naturaleza del fin buscado: la Justicia Social ,
así como la dinámica y características del bien a distribuir para colaborar en
alcanzarla, la educación, nos llevan a cerrar estos breves intercambios con más
preguntas que respuestas, con más dudas que certezas. Las que queremos reflejar
en las principales tensiones, políticas y sociales, que acompañan tanto a una
educación como a la evaluación que se comprometen con la Justicia Social ,
así como los principales desafíos que la evaluación para una educación pro
Justicia Social pone a los distintos actores, espacios y niveles educativos.
Si ya era complejo ponernos de acuerdo en qué define y caracteriza la
calidad educativa y, por tanto, qué y cómo se debe evaluar para dar cuenta de
sus avances y retos pendientes, exigirle, además, que se asuma desde la
justicia, y aporte y colabore para alcanzarla en nuestras sociedades, nos pone
desafíos aún mayores. En efecto, la propia relatividad social y cultural de
aquello que es justo o injusto tensiona el debate respecto de qué principios, valores
o formación ciudadana se ha de dar a los jóvenes, niños y niñas en las
distintas comunidades, regiones y países. La conceptualización de la justicia
está impregnada de ideologías y paradigmas políticos respecto del tipo de
sociedad que se promueve y busca, así como el rol y derechos de hombres y
mujeres en unas y otras. Sin embargo, las mayores diferencias están en los caminos
o modos mediante los cuales se promueve y busca la justicia o la reducción de
las injusticias.
Aun adhiriendo al principio de justicia, las mayores diferencias se
observan en lo que cada grupo social, gobiernos, partidos políticos, y otros,
están dispuestos a transar de sus propios intereses, para avanzar hacia un bien
común colectivo. Se trata de posturas muchas veces irreconciliables y serán un
hueso duro de roer a la hora de concretizar en los sistemas, escuelas,
currículo y prácticas formativas, los principios democráticos, de libertad, autonomía
y deliberación, que deben sostener una educación para la Justicia Social.
No será sencillo que las familias, desde sus particulares visiones del
mundo, distinciones y posiciones sociales y matrices culturales, compartan con
los poderes públicos la formación ética y en valores de sus hijos e hijas. Cada
vez se escuchan más voces que demandan por una libertad de enseñanza estableciéndose
tipos de escuelas y enseñanzas y, en cuyo paisaje, la educación pública empieza
a verse exclusivamente como la educación de los más pobres y excluidos. Recuperar
así los principios de integración y cohesión social, propios de la educación,
no será tarea fácil. En muchas partes, la tendencia de los sistemas es hacia
una homogenización de los estudiantes en tipos de escuelas, siendo la mezcla y
heterogeneidad social algo cada vez menos presente y valorado.
En este complejo escenario, tensionado y presionado desde los intereses
políticos y económicos de los distintos actores sociales, se demanda por una
educación que forme ciudadanos libres, autónomos, democráticos, tolerantes, a
quienes aporte las herramientas cognitivas y actitudinales necesarias para acceder
en igualdad de condiciones a las oportunidades educativas y laborales
disponibles en ellas. Más que nunca, acercarnos a esa educación requiere aunar
voluntades para alcanzar consensos sociales que traspasen los límites de los
sistemas y las escuelas, los gobiernos y la sociedad civil, las familias y
administradores. La evaluación forma parte de este mismo paisaje y está
igualmente sometida a las presiones de los grupos de interés. Así, el desafío
de mirar una evaluación para una educación en y desde la Justicia Social ,
no sólo asume lo propio de la evaluación, sino que el riesgo de, finalmente,
estar dando cuenta de sólo una parte de la educación: aquella donde ha sido
posible encontrar puntos de acuerdo.
Con estos resguardos y desde el recorrido del texto, es posible proponer
algunos ámbitos y responsabilidades que la evaluación para una educación desde
y para la Justicia
Social , se levantan para los distintos actores, sistemas y
comunidades escolares, espacios y niveles educativos, independiente del lugar o
contexto en que se estén educando y formando ciudadanos.
Desde nuestra mirada, los sistemas de medición y evaluación de la
calidad educativa deben dar un decidido paso que les permita ya no sólo para
dar cuenta de dicha calidad, si no que para enmarcarla en la necesidad de que
ella aporte a la
Justicia Social. En tal desafío, cobrará relevancia asumir en
los análisis y, en igualdad de prioridad, los tres principios orientadores de
una educación justa y para una Justicia Social:
i)
alta calidad y justa distribución;
ii)
reconocimiento e identidad de grupos y colectivos
socioculturales y,
iii)
activa y plena participación de los estudiantes.
Nuestra propuesta se encamina hacia sistemas de evaluación que aporten con
evidencias, que permitan apreciar cuánto está aportando la educación a la
apropiación de aprendizajes significativos y relevantes, desde la integralidad
del ser humano; así como al fortalecimiento del respeto y ejercicio de los
derechos humanos, la tolerancia y reconocimiento del otro, la convivencia sana y
democrática, tanto como los niveles y tipos de participación que las escuelas
abren y aseguran para familias y estudiantes. Y, además, que contribuya a que
la escuela se convierta en un verdadero agente de transformación social.
En este texto hemos avanzado en reflexionar, desde los desafíos y
evidencia de una educación para la Justicia Social , en qué características ha de
tener una evaluación que la acompañe y colabore en su promoción y éxito. Pendientes
quedan dos dimensiones centrales de esta mirada analítica. En primer lugar, la
discusión que profundice en lo propiamente metodológico de ella, para debatir respecto
de cuáles han de ser los enfoques e instrumentos que mejor den cuenta del
objeto de tal evaluación y de la utilidad de sus hallazgos. Un segundo aspecto
por discutir alude al uso de sus hallazgos y resultados.
Porque seamos sinceros, la evaluación por muy rigurosa y pertinente que
sea, encuentra o pierde su total sentido en función del uso que de ella se
haga. El campo educativo presenta muchos ejemplos que dan cuentan de un uso más
punitivo y sancionador de la evaluación que para mejorar lo que se evalúa.
Abundan los rankings de escuelas, docentes y estudiantes en función de logros y
desempeños surgidos de prácticas evaluativas, de índices y estándares. Así, por
mucho que podamos avanzar en definir mejor la calidad y características de la
educación que habrá de ser evaluada para reducir las inequidades e injusticias
sociales, no servirá de nada si lo que de ella surge se convierte una vez más,
en una simple foto o diagnóstico de la realidad que mide y compara, o en la
búsqueda desesperada de a quiénes responsabilizar cuando los resultados no
están a la altura de lo esperado.
No podemos construir una educación justa y para la Justicia Social si
no contamos con una evaluación igualmente justa: inclusiva, equitativa,
participativa, democrática, no represiva, que busque la reflexión y la mejora. Sólo así estaremos
contribuyendo a construir una sociedad más justa, cohesionada, democrática e
inclusiva.
Extraído de
Evaluación Educativa para Autores
F. Javier Murillo, Marcela Román y Reyes Hernández Castilla
En
Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa 2011 - Volumen 4, Número 1
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